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En la pasada XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal de Popular en Minas, celebrada el 27 de septiembre, se efectuó el análisis de la atención a los planteamientos, el informe presentado del estado de cumplimiento del nivel de solución de los mismos, estuvo a cargo de Keimer González Guerrero Intendente del Consejo de Administración Municipal.

El Dictamen presentado por la Comisión Temporal aprobada para dictaminar el informe presentado por el CAM, señaló las principales deficiencias, así como los avances alcanzados por este órgano.

Dentro de los principales señalamientos estuvo que aún no se logra la sistemáticidad requerida por los Consejos de Dirección sobre esta temática. Siendo reiterativos los planteamientos referidos al zanjeo de calles, viales y suministro de agua a las comunidades, así como la solución a las aguas albañales del Reparto Militar y la Circunscripción 16. Recomendando la Comisión que se realice un control popular profundo a este aspecto, con asesores de experiencia de los barrios, para a petición de la población realizar un análisis concreto en el CAM con la presencia de los organismos provinciales.

La Comisión mencionó que el CAM ha logrado una evaluación sistemática, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 132 y 139, considerando que el análisis ha sido positivo por parte del CAM, logró análisis de los criterios negativos de las entidades que aún no tratan este tema con la profundidad requerida como la OBE, Comercio y la Agropecuaria Noel Fernández. 

En la evaluación realizada del nivel de solución, se pudo constatar que el municipio se encuentra al 99.4 % de solución de Mandatos anteriores y al 64 % del I PRC de este mandato. Referente al despacho al 79.6 %. Se valora que se profundice en los 121 planteamientos pendientes del I PRC. De los planteamientos incluidos en el plan de la economía los 13 fueron con las 60 acciones fueron resueltos según lo planificado. Aunque señala revisar las acciones programadas en el Círculo Infantil de la Circunscripción 19 y el Consultorio Médico de Familia de la Circunscripción 48. En general el nivel de solución  de los planteamientos se encuentra a un 82 % , lo que evidencia avances. Siendo las principales cuestiones que inciden los problemas de viales, abasto de agua y situación del transporte.

Siendo los planteamientos referidos a postes en peligro de derrumbe, bajo voltaje, aguas albañales, terminación de instalaciones de agua, arreglos de caminos y terminación de las acciones del Círculo Infantil los que representaron prioridad en los análisis realizados en los Consejos Populares.

El período para la consulta popular está previsto del 8 de septiembre al 30 de noviembre. La etapa comenzó precisamente el día 8 con un grupo de entrenamientos piloto, que permitirán concluir la preparación de los cuadros de dirección de base en relación con el tema a debatir.

En una fase previa entre el 4 de junio y todo julio y agosto se concentraron esfuerzos en la preparación meticulosa de los cuadros dirigentes de base, tanto de la CTC como de los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y los empresarios.

En este proceso, se destacó la preparación de los juristas como figura clave, dado que se trata de una norma técnica y extensa, que incorpora elementos novedosos y cuyo contenido no es de conocimiento general para todos los trabajadores. Por ello, se articuló una estrategia conjunta con el Ministerio de Justicia, la Unión de Juristas de Cuba, la Sociedad Cubana de Derecho del Trabajo y la Sociedad de Ciencias Sociales, para que estas instituciones acompañen el proceso de discusión en los colectivos laborales, en aras de enriquecer el debate y garantizar una adecuada explicación durante la preparación.

La campaña se ha estructurado en dos etapas bien definidas. La primera consistió en preparar al país, a nivel provincial y municipal, sobre cómo realizar la consulta de manera efectiva. A partir del día primero fecha en que se publicó oficialmente el documento el esfuerzo se centra en los debates y análisis del contenido del Código, es decir, de la norma propiamente dicha.

Para apoyar este proceso, se elaboró un tabloide especializado que incluye una introducción, los antecedentes abordados, la política aprobada como base para las transformaciones del Código, el anteproyecto del Código de Trabajo y la metodología que debe emplearse en cada colectivo laboral para llevar a cabo la consulta de manera efectiva. Se distribuyeron 80 000 ejemplares impresos en todo el país, y el documento también está disponible en los sitios web oficiales.

Además, con la colaboración de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), se diseñó una aplicación (APK) que permitirá a los usuarios acceder e interactuar directamente con el Código desde móviles, tabletas y computadoras.

Esta aplicación incluirá el documento íntegro, las principales modificaciones que se vayan incorporando, un buscador por artículo o tema específico, y una sección dedicada a los números de pago. También se habilitará una dirección de correo electrónico oficial para que los ciudadanos puedan emitir opiniones, participar en reuniones presenciales o hacerlo de forma digital. Se prevé que la APK esté disponible para su descarga a partir del lunes 8 de septiembre.

En cuanto a las reuniones concebidas para el desarrollo de la consulta, se ha enfatizado que deben planificarse y diseñarse en correspondencia con las características específicas de cada centro laboral, tanto del sector estatal como del no estatal. Se ha facilitado la posibilidad de agrupar colectivos laborales de un mismo sindicato, e incluso de diferentes sindicatos, en reuniones conjuntas entre sectores estatal y privado, lo que permitiría fortalecer el debate, agilizar los encuentros, optimizar el uso de recursos como los juristas y, en definitiva, alcanzar a la mayoría de los trabajadores cubanos, que es el objetivo fundamental.

Para colectivos grandes, como las industrias de mayor envergadura o centros con 800 o más trabajadores, se ha establecido que las reuniones no deben exceder los 100 participantes por sesión.

Esta medida busca que el intercambio sea más productivo y enfocado, dado que el documento es extenso con 525 artículos y un total de 2 722 apartados y requiere un análisis detallado. Reuniones con 200 o 300 personas no se consideran recomendables desde el punto de vista jurídico, metodológico ni organizativo.

Por ello, se ha previsto una reunión previa de coordinación con los factores de dirección de cada centro laboral, para adoptar medidas organizativas que adecuen el proceso a las condiciones concretas del centro: definir el horario más propicio, seleccionar el local adecuado, elegir cuidadosamente a la persona que conducirá la reunión y a los activistas que brindarán apoyo.

Además, se debe garantizar que los trabajadores tengan acceso al documento con antelación, para su estudio individual, para formular dudas y consultar con los asesores jurídicos disponibles en las empresas, quienes también desempeñan un papel esencial en esta etapa.

A medida que se realicen progresivamente estas reuniones en todo el país, se llevará a cabo un minucioso procesamiento de la información recopilada: opiniones, criterios y propuestas de los trabajadores. A partir de este análisis, se derivarán propuestas concretas hacia la Comisión Nacional, integrada por alrededor de 60 representantes a nivel nacional. Esta comisión analizará las propuestas, realizará las modificaciones pertinentes al anteproyecto y el documento continuará su curso legislativo hasta su aprobación definitiva por la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevista para julio de 2026.

Se espera que todo este proceso resulte enormemente enriquecedor para los trabajadores, no solo por el conocimiento del documento, sino también por el fortalecimiento de su cultura general sobre derechos y deberes laborales, y por la posibilidad de contar con un Código de Trabajo robusto y moderno, como se desea y se necesita. Por ello, se recalcó que la preparación en todos los territorios del país es de importancia capital, y así lo están haciendo con esmero los habaneros, de donde se recibió este reporte detallado.

Este pasado 27 de septiembre, se celebra la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular Minas, correspondiente al XVIII Período de Mandatos. Presidida por Yudier Rodríguez Pardo presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

Dentro de los puntos a analizar por parte de los delegados del orden del día,  se realizó el análisis y chequeo del estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en Sesiones anteriores. El presidente dió a conocer las decisiones de carácter general adoptadas por él. Se presentó a los delegados la propuesta del plan de la economía y presupuesto para el año 2026 y el Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

Otro de los pruntos a tratar en dicha sesión fue la presentación por parte del Intendente Keimer Gonzalez Guerrero del Informe de rendición de Cuentas del Consejo de Administración Municipal sobre la atención a los planteamientos y el Dictamen de la Comisión Temporal aprobada para este punto por parte de los miembros de la Asamblea Municipal.

La comisión Permanente de Asuntos Económicos en el propio orden del día le correspondió el punto sobre la ejecución de las acciones en barrios y comunidades. Además otros de los temas a tratar por parte de la Comisión Permanente Agroalimentaria, presentar un informe sobre la marcha del Prograama Ganadero en el Municipio. La Comisión Permanente de Educación, Cultura y Ciencia, brindó una informaciónsobre el comportamiento de la cobertura docente en el municipio y la atención al sector educacional.

El proceso de actualización se ha centrado en cinco aspectos generales: los principios que rigen las relaciones laborales, el acceso al empleo, las garantías de los trabajadores, el reconocimiento de nuevas formas de empleo y la ampliación del ámbito de aplicación.

Uno de los cambios más significativos es la ampliación del objeto del Código, se sistematizan y desarrollan los principios que rigen las relaciones colectivas de trabajo, fortaleciendo la participación, la regulación y el control efectivo por parte de los trabajadores. Además, se introduce un lenguaje más inclusivo.

“En el código actual hablábamos de empleadores y trabajadores; aquí empezamos a hablar de personas trabajadoras”

El anteproyecto también reconoce el trabajo autónomo como una categoría laboral legítima, desvinculada de la subordinación a un empleador, el trabajador por cuenta propia es un ejemplo del trabajador autónomo; pueden ser también un artista o un creador. Toda persona que ejerza una actividad sin emplear a otros ni depender de un empleador será considerada bajo esta figura.

Otro eje central del nuevo Código es la promoción del trabajo digno, concepto que viene desde la Constitución y se reafirma como valor primordial de la sociedad. Este principio se traduce en la garantía de entornos laborales seguros y saludables, así como en la incorporación activa de personas priorizadas en relación con el acceso al empleo.

Uno de los cambios más relevantes está vinculado a la política nacional para la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud. Como parte del objetivo de unificar la dispersión de edades que existía en el país para acceder a distintos servicios públicos o adquirir derechos, se propone elevar la capacidad jurídica para establecer relaciones laborales de 17 a 18 años. Esta medida busca armonizar el acceso al empleo con los estándares de protección establecidos en dicha política.

En materia de estabilidad laboral, el anteproyecto prohíbe el uso de contratos por tiempo determinado en actividades permanentes. No se puede usar un contrato de manera determinada cuando la actividad que usted desempeña es de manera permanente. Una vez superado el período de prueba, el trabajador deberá pasar a un contrato por tiempo indeterminado, lo que garantiza “seguridad, certeza y estabilidad”, principios refrendados en el nuevo texto.

Para facilitar el acceso al empleo, se perfeccionan los servicios de gestión de empleo territorial. Se definieron con mayor claridad las prioridades, incluyendo a personas en situación de vulnerabilidad. “La mayor protección que pueda tener una persona en condiciones desfavorables es ofrecerle un empleo de acuerdo a sus capacidades y que también responda a las necesidades del territorio donde vive”

Respecto a las obligaciones del empleador, se ratifica la prohibición del trabajo forzoso, del empleo infantil y de toda forma de discriminación, violencia o acoso en el ámbito laboral. En este mismo sentido, se establece que ningún empleador podrá condicionar la contratación, permanencia o promoción de una mujer por su estado de embarazo, ni terminar la relación laboral por ese motivo. Además, se perfecciona el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, elevándolo a la categoría de derecho fundamental, en consonancia con el reconocimiento reciente de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto a la regulación de los procesos de disponibilidad,  las administraciones podrán determinar el cese laboral de una persona trabajadora por motivos económicos, tecnológicos o estructurales, pero “previa evaluación del órgano colegiado de dirección y de común acuerdo con la organización sindical”.

Asimismo, se elimina la figura de “trabajador disponible” y la reubicación temporal. En caso de no poder ser reubicado, el trabajador recibirá una garantía salarial equivalente a seis veces el salario básico del último año, en una única ocasión.

En el caso de personas trabajadoras contratadas por empleadores naturales, como los trabajadores por cuenta propia autorizados a contratar hasta tres personas, se establece una protección salarial por un mes. Además, se dispone que los empleadores —excepto los del sector presupuestado— deberán contratar un seguro para proteger los ingresos de sus trabajadores ante interrupciones, ceses, disoluciones o cancelaciones de MIPYMES, así como suspensiones temporales de la actividad. Estas medidas reflejan un esfuerzo por consolidar un código moderno, integrador y ajustado a las realidades del país.

Para proteger a las personas trabajadoras que laboran a distancia o mediante teletrabajo, el contrato o su suplemento deberá incluir condiciones específicas de seguridad y salud, acuerdos sobre gastos asociados y garantías sobre la infraestructura tecnológica. Se agrega el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada de trabajo y el ejercicio de la reversibilidad.

La Resolución 21, vigente desde los momentos más duros de la pandemia, estableció reglamentos para el trabajo a distancia, pero ahora se busca “desarrollarlo mejor con derechos y garantías”. En ese sentido, la administración debe garantizar condiciones seguras en el lugar donde se realiza el trabajo, mientras que el trabajador pacta el horario con su empleador y tiene derecho a desconectarse fuera de ese tiempo. Que estés trabajando a distancia no significa que estés a toda hora moralmente vinculado y en función de las tareas.

Además, se introduce una novedad: la posibilidad de realizar teletrabajo desde el exterior, siempre que el empleador lo considere pertinente y las condiciones del cargo lo permitan. No es un derecho automático, pero sí una opción viable para profesionales como académicos o profesores universitarios que puedan cumplir sus funciones desde fuera del país.

El anteproyecto también contempla beneficios para la fuerza de trabajo calificada, especialmente para los jóvenes. Se descentraliza la ubicación de graduados hacia los gobiernos territoriales y se refrenda la capacitación como un derecho, regulando su procedimiento.

Una medida destacada es la asignación anticipada de estudiantes de enseñanza superior y técnicos de nivel medio. Si el joven es ubicado en una plaza existente, el empleador está obligado a contratarlo, lo que le permite recibir salario desde el inicio y acumular años de servicio válidos para su seguridad social.

En cuanto al acceso a la justicia, el nuevo Código amplía las posibilidades de reclamación por la vía judicial. El código actual solo permite acudir a la justicia cuando se despide al trabajador; aquí se incluye cualquier medida disciplinaria. Esta ampliación responde a las modificaciones del orden jurídico derivadas de la implementación de la Constitución de la República.

También se establece que los conflictos laborales entre mipymes y personas trabajadoras contratadas se resolverán por la vía judicial, mientras que en el sector estatal se mantiene el sistema de órganos de justicia laboral constituidos por trabajadores y administración.