La actualización del Código de Trabajo en Cuba es un proceso legislativo participativo y con sólidos fundamentos jurídicos y sociales.
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Para elaborar la propuesta, se constituyó un grupo de trabajo temporal con especialistas en derecho laboral y seguridad social, que contó con la activa participación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organismos de la administración central del Estado y universidades. Esta política inicial fue enriquecida mediante consultas e intervenciones, y revisada por órganos como el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y las Comisiones de Trabajo Permanentes de la Asamblea Nacional.
Este proceso permitió “construir una base sólida para presentar una propuesta legislativa que responda a las necesidades reales del país y de sus trabajadores; una propuesta de código moderno, flexible y ajustado a los tiempos actuales”.
La reforma del Código de Trabajo en Cuba se sustenta en una serie de fundamentos de hecho y de derecho que reflejan la evolución del país en los últimos años. Desde la entrada en vigor de la nueva Carta Magna, se han renovado diversas leyes, y el derecho laboral no ha quedado al margen. La Constitución reconoce con firmeza que “toda persona en condición de trabajar tiene derecho a un empleo digno”, principio que se refrenda en el anteproyecto del nuevo Código, el cual busca recoger de forma clara y precisa los derechos, deberes y garantías establecidos en los capítulos constitucionales sobre fundamentos políticos, económicos y sociales.
La reforma responde a la necesidad de adaptar el marco legal a la Conceptualización del Modelo Económico Cubano y a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y el Estado, que han dado lugar a nuevos actores económicos. También se incorporan políticas específicas como la Atención a la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes, que implican ajustes en la edad para establecer relaciones laborales; el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que refuerza la prohibición de toda forma de discriminación en el empleo; y la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, que responde al descenso de la población en edad laboral y ocupada. La actualización contempla además la inclusión de la Ley del Código de Proceso Laboral, que amplía el acceso de los trabajadores a la vía judicial una vez agotadas las instancias administrativas. A la nueva propuesta de Código se le incorporan temas como el teletrabajo y el trabajo a distancia, regulados hasta ahora por resoluciones complementarias.
El carácter integrador del anteproyecto se refleja en la eliminación de doce disposiciones normativas dispersas, lo que permitirá concentrar en una sola ley todo lo regulado en los últimos años. La estructura del nuevo Código se organiza en cuatro libros: parte general, derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y administración de trabajo. Esta distribución busca facilitar la participación obrera en cada sección sindical.
La consulta popular será clave para consolidar una norma que responda a los desafíos actuales y garantice los derechos laborales en un entorno dinámico y diverso.

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